Según el proyecto de ley de presupuestos del ministerio de Economía, la partida para las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña e Islas Baleares «en cumplimiento con lo establecido en materia de inversiones en sus respectivos estatutos de autonomía «está a cero, es decir, ni un euro para pagar la disposición adicional tercera correspondiente al año 2009 (219 millones de euros) y que se debía pagar este año. Otra cosa es que luego las negociaciones entre los dos gobiernos fructifiquen en un acuerdo.
Evidentemente, tampoco hay recursos de momento para pagar la deuda de los 759 millones de euros de la adicional tercera de 2008, que tenían que haber abonado a la Generalitat el año 2011. Y es que en las cuentas del año pasado, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero consignó 950 millones de euros para esta cuestión, pero el PSOE nunca hizo efectivo el pago.
El gobierno cargó duramente contra Zapatero por este incumplimiento y sufrió problemas de tesorería por no haber recibido estos recursos. Incluso el PP, tanto desde Cataluña como en el ámbito estatal, criticó que no se pagaran las deudas a la Generalitat. Los populares, sin embargo, nunca aclararon si incluirían estos 219 millones de euros ni tampoco si pagarían los 759.
Desde CiU, su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida condicionó hace unos días su ‘sí’ a los presupuestos del Estado a que incluyeran los 219 millones correspondientes al 2009. Duran ya daba por hecho el pago de los 759 millones de euros ya que el Estado, según explicó, firmó un acuerdo en la comisión bilateral del 19 de julio del año pasado con Cataluña que le obliga a pagar.
Sin embargo, la Generalitat ha hecho sus propias cuentas incluyendo el ingreso de los 219 millones de euros, pero no los 759 millones, ya que se trata ya de una deuda del año pasado.
En cuanto al fondo de suficiencia, los presupuestos prevén para Catalunya una partida de 1.753,25 millones de euros, un 4,7% menos respecto al año 2011. El acuerdo de financiación de 2009 establece este fondo para mantener el statu quo de cada comunidad, ya que sirve para compensar la diferencia entre los ingresos obtenidos por las autonomías y las obligaciones de gasto que tienen en prestar servicios correspondientes a competencias transferidas.
Publicado en El Punt Avui el 03/04/2012